Las propuestas que más discusión generan en cada partido. Para todas recogemos el argumento de quienes la defienden y el de sus críticos. Así puedes formarte tu propia opinión.
El BNG defiende el reconocimiento nacional de Galicia y su derecho a decidir.
Sus defensores dicen que reconoce una realidad histórica, lingüística y cultural, y que reforzaría la capacidad de Galicia para defender sus intereses.
Sus críticos sostienen que choca con el artículo 2 de la Constitución (la «indisoluble unidad de la Nación española») y que alimenta tensiones territoriales.
Propone que la ciudadanía vasca pueda decidir su relación con el Estado mediante un referéndum.
Sus defensores lo presentan como una solución democrática a una reivindicación con amplio apoyo en Euskadi.
Sus críticos recuerdan que la Constitución no permite referéndums de independencia de una parte del territorio.
Su programa para las autonómicas vascas de 2024 describía a los presos de ETA como encarcelados por motivos políticos y proponía medidas de reinserción.
Sus defensores lo enmarcan en la «resolución del conflicto» y la convivencia tras el fin de ETA.
Asociaciones de víctimas, PP, Vox y otros partidos lo consideran un blanqueamiento del terrorismo.
Que Cataluña recaude todos sus impuestos, a la manera del concierto vasco y navarro, y pague después al Estado.
ERC afirma que corregiría un déficit fiscal histórico y daría a Cataluña unos 4.700 millones más al año.
Todas las comunidades salvo Cataluña, incluidas algunas del PSOE, rechazaron el modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por romper la caja común y la igualdad entre territorios.
Negociar con el Gobierno un referéndum de autodeterminación reconocido internacionalmente.
Sus defensores lo ven como la vía democrática para resolver el conflicto catalán.
Sus críticos señalan que la Constitución reserva la soberanía al conjunto del pueblo español y que la mayoría de partidos estatales lo rechazan.
Una ley para expropiar viviendas a fondos y empresas con muchos inmuebles; el partido cita como ejemplos a Blackstone y CaixaBank.
Sus defensores dicen que ampliaría el parque público con rapidez y frenaría la especulación.
Sus críticos señalan que no concreta el mecanismo jurídico ni el coste de las indemnizaciones, que chocaría con el derecho de propiedad y que ahuyentaría la inversión.
Un gravamen anual del 10 % del valor de cada vivienda para quien acumule pisos por encima de los umbrales fijados.
Busca que deje de ser rentable acaparar viviendas y que bajen los precios.
Economistas y la oposición creen que podría ser confiscatorio, reducir la oferta de alquiler y trasladar costes a los inquilinos.
Un nuevo impuesto sobre el patrimonio neto del 2 % y el 3 %.
Lo presentan como una forma de reducir la desigualdad y financiar vivienda y pensiones.
Sus críticos alertan de la posible fuga de capitales y de la doble imposición con los impuestos ya existentes.
Que la Generalitat gestione permisos de residencia y trabajo y que los Mossos participen en el control de los puntos de entrada.
Junts sostiene que Cataluña debe decidir y responder de sus propias políticas, y no «a 600 kilómetros».
El PP lo calificó de inadmisible, y Podemos acusó a Junts de ser «antiinmigración». La ley ya fracasó en el Congreso.
Exigir conocimiento del catalán para regularizar la situación de los inmigrantes.
Lo defienden como una herramienta de integración y de protección de la lengua.
Sus críticos creen que añadiría una barrera discriminatoria y desigual respecto al resto de España.
Una nueva relación de Euskadi con el Estado basada en su reconocimiento como nación.
El PNV lo presenta como una actualización pactada del autogobierno, dentro de la legalidad.
Sus críticos ven riesgo de asimetría entre comunidades y temen que abra la puerta a la soberanía.
Abandonar la Alianza Atlántica «a la mayor brevedad» o votarlo en referéndum, y cerrar las bases estadounidenses.
Sus defensores lo vinculan a una política de paz y a rechazar el rearme.
Los demás partidos estatales lo consideran un riesgo grave para la seguridad de España en plena tensión internacional.
Rebaja obligatoria de los alquileres como medida de choque.
Aliviaría de inmediato a millones de inquilinos que dedican gran parte del sueldo al alquiler.
Muchos economistas alertan de que reduciría la oferta de alquiler y aumentaría el mercado sumergido.
Subir casi un 50 % el salario mínimo actual (1.221 euros) y reducir la jornada a 30 horas sin bajar sueldos.
Montero sostiene que España seguiría siendo «un país más productivo».
Patronal y críticos advierten del impacto en el empleo de pymes y autónomos.
Regularizar a todas las personas que residen y trabajan en España y darles la nacionalidad con derecho a voto.
Garantizaría los mismos derechos a quienes ya forman parte de la sociedad.
Sus críticos lo ven como un «efecto llamada» y una alteración del censo electoral.
Eliminar los topes al alquiler en zonas tensionadas y apostar por construir más.
El PP sostiene que los topes reducen la oferta y que solo aumentando la construcción bajarán los precios.
La izquierda y asociaciones de inquilinos temen subidas inmediatas de los alquileres para quienes ya viven de alquiler.
Tener en cuenta el arraigo y el vínculo con España para acceder a determinadas ayudas.
El PP lo presenta como una cuestión de arraigo, y rechaza que tenga tintes xenófobos.
Sus críticos lo ven como una versión suave de la «prioridad nacional» de Vox y dudan de que encaje con el principio de igualdad.
Cerrar la vía de las regularizaciones extraordinarias como la de 2026, que recibió más de 1,17 millones de solicitudes.
Evitaría el «efecto llamada» y ordenaría la inmigración por cupos según el empleo.
Patronales de algunos sectores y ONG advierten de que dejaría en la irregularidad a cientos de miles de trabajadores.
Según la prensa que ha analizado el programa, prevé derogar, además de la Ley de Vivienda, la ley trans y la de Memoria Democrática. Incluye que «el concebido no nacido» cuente para calcular las ayudas familiares.
El PP lo presenta como una «enmienda a la totalidad» a las políticas de Sánchez.
Colectivos LGTBI, asociaciones memorialistas y la izquierda lo consideran un retroceso en derechos.
PP y Vox gobiernan juntos en varias comunidades y han pactado candidaturas al Senado en nueve provincias para el 29-N. Al Congreso compiten por separado.
El PP defiende que así garantiza una «mayoría de cambio» y que concurre con sus propias siglas.
El PSOE y la izquierda sostienen que el PP asume la agenda de Vox; Vox, a su vez, exige al PP remigración y prioridad nacional para apoyarle.
Mantener la Ley de Amnistía de 2024 y un nuevo modelo de financiación negociado con ERC.
El PSOE lo defiende como la vía para la convivencia en Cataluña y para financiar mejor a todas las comunidades.
PP, Vox y varias comunidades, incluso algunas socialistas, lo ven como concesiones a cambio de apoyos y como una ruptura de la igualdad entre territorios.
El Estado asumiría parte de la deuda que las comunidades contrajeron con él.
Aliviaría a las comunidades y liberaría recursos para sanidad y educación.
Sus críticos creen que premia a las comunidades más endeudadas y que la deuda la acaban pagando todos los contribuyentes.
Gravar hasta el 100 % la compra de vivienda por no residentes extracomunitarios.
Busca frenar la compra especulativa en zonas tensionadas.
Expertos fiscales dudan de su eficacia y de su encaje legal, dado el escaso peso de esas compras en el mercado.
Permiso de residencia y trabajo de un año; recibió 1.174.978 solicitudes.
El Gobierno destaca que aflora empleo, aumenta las cotizaciones y reconoce a quienes ya trabajan aquí.
PP y Vox la consideran un «efecto llamada»; el PP promete prohibirlas por ley.
Incluir el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución.
Blindaría el derecho frente a cambios de gobierno.
Requiere tres quintos de cada Cámara y la oposición lo ve como una maniobra electoral sin los apoyos necesarios.
Prisión de máxima seguridad sin permisos ni tercer grado, con «cero ocio y 100 % trabajo».
Sus defensores la presentan como una respuesta contundente al crimen organizado.
Juristas recuerdan que la Constitución orienta las penas a la reinserción y alertan de posibles vulneraciones de derechos humanos.
Si la UE no renegocia, votar la salida, como el Brexit.
Lo justifica en la defensa del sector primario y del control migratorio.
La práctica totalidad de partidos y economistas lo ven como un riesgo enorme para la economía española.
Exigirla, de forma «voluntaria», para que los agresores sexuales accedan a beneficios penitenciarios.
Reduciría, según sus defensores, la reincidencia.
Sus críticos dudan de que sea constitucional y de que sea realmente voluntaria si condiciona derechos.
Además de expulsar a quienes entren ilegalmente o delincan, aplicar la «remigración» a quienes vivan de ayudas sin contribuir.
Vox sostiene que la inmigración masiva presiona los servicios públicos, la vivienda y la seguridad.
El término procede de la extrema derecha europea. Juristas dudan de su legalidad, y el Gobierno y economistas destacan la aportación de los inmigrantes a la economía y a las pensiones.
Que los españoles tengan preferencia en ayudas sociales, vivienda protegida y guarderías.
Lo presentan como que «los españoles no estén discriminados en su propia tierra».
Sus críticos señalan que podría vulnerar el principio de igualdad y el derecho europeo. Incluso el PP votó en contra de exigirla en las ayudas de vivienda en junio de 2026.
Que el Estado recupere sanidad, educación, seguridad y justicia, y suprimir las policías autonómicas.
Acabaría, según Vox, con «17 países distintos» y garantizaría la igualdad entre españoles.
Exigiría una profunda reforma constitucional y choca frontalmente con los nacionalismos y con la mayoría de comunidades.
Un IRPF de dos tipos (15 % y 25 %) con 22.000 € exentos.
Su responsable económico calcula un coste de 46.000 millones, compensado con recortes de «gasto político».
Hacienda lo cifra en 85.000 millones y alerta de un agujero en la financiación de los servicios públicos.
Eliminar la normativa climática nacional y frenar el Pacto Verde europeo.
Defiende que protegería al campo, a la industria y la factura de los hogares.
Científicos y ecologistas lo consideran un retroceso frente a la emergencia climática, y podría chocar con las obligaciones europeas.
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